En el marco de una causa impulsada por la Fiscalía del Tribunal Oral de Mercedes, el Tribunal de Juicio resolvió declarar la responsabilidad penal de Rómulo Augusto Bobbio por el delito de administración fraudulenta, en un hecho ocurrido entre los años 2019 y 2020 en zona rural de Curuzú Cuatiá
La investigación, encabezada por el fiscal subrogante Oscar Cañete, tuvo como eje una denuncia presentada por la firma LANDVER S.A., que acusó al imputado de incumplir un contrato de consignación de ganado.
El hecho
De acuerdo a lo acreditado en el debate, Bobbio, en representación de una firma, había recibido en consignación 1966 cabezas de ganado bovino, las cuales debían ser trasladadas desde un establecimiento rural hacia otro de su propiedad, ubicado en la Primera Sección del departamento Curuzú Cuatiá, hasta concretar su venta.
Sin embargo, tras el vencimiento de los plazos contractuales —que incluso fueron prorrogados en dos oportunidades—, la empresa damnificada no obtuvo respuestas sobre el destino de la hacienda ni sobre su comercialización.
Ante esta situación, se realizaron intimaciones formales y posteriormente una constatación notarial, en la que el propio Bobbio habría impedido el retiro de los animales.
Días más tarde, mediante allanamientos realizados por la Policía Rural, se comprobó la desaparición de casi la totalidad del ganado, lo que derivó en un perjuicio económico estimado en unos 50 millones de pesos, según valores de la época.
El fallo del Tribunal
El Tribunal Oral Penal, integrado por Jorge Alberto Troncoso, Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos, consideró plenamente probado el hecho y la responsabilidad del acusado.
Los magistrados encuadraron la conducta en el delito de administración fraudulenta, previsto en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal.
En su análisis, el Tribunal descartó la versión de la defensa, que sostenía la existencia de una supuesta simulación contractual, y destacó la validez del acuerdo firmado entre las partes, así como la responsabilidad asumida por el imputado sobre bienes ajenos.
También se valoraron testimonios de personal policial, trabajadores vinculados a la sanidad animal y documentación clave, como actas notariales y registros de vacunación, que confirmaron la existencia del ganado y su vinculación con el establecimiento bajo control del acusado.
Reparación económica
En paralelo, el Tribunal hizo lugar a la acción civil impulsada por el apoderado de la empresa damnificada, Matías José Mosca Tressens, quien había reclamado una indemnización acorde al daño ocasionado.
El monto del perjuicio fue estimado en alrededor de 50 millones de pesos, cifra que será revisada y determinada en la etapa correspondiente.
Lo que viene
Tras la lectura del veredicto, el Tribunal convocó a las partes a una nueva audiencia prevista para el 28 de abril, donde se llevará adelante el juicio de cesura.
En esa instancia se definirá la pena que deberá cumplir el acusado, así como la cuantificación final del daño económico que deberá resarcir.-
